Qué cambió en la ley después del Casino Royale: Decreto 306, protección civil y lo que no cambió

Las tres normas que sí cambiaron por lo ocurrido

El Decreto 306 y por qué se hizo por la vía del uso de suelo

La Ley Federal de Juegos y Sorteos reserva a la Secretaría de Gobernación la autorización, el control y la vigilancia del juego con apuestas. Un estado no puede cerrar un casino ni negar un permiso federal. Lo que sí puede es decidir qué se construye en su territorio y para qué se usa el suelo, y eso es exactamente lo que hizo Nuevo León en enero y febrero de 2012: la comisión del Congreso aprobó la reforma en enero y el Decreto 306 se publicó el 8 de febrero de 2012, reformando el artículo 23 y el artículo 132 de la Constitución del estado.

El texto vigente del artículo 23 dice que no estarán permitidos en el estado los usos de suelo y edificaciones para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, y el artículo 132 traslada esa obligación a los planes de desarrollo urbano municipales y prohíbe las licencias de construcción. Es una prohibición sin fecha de caducidad y de rango constitucional local. Los operadores del sector la respaldaron públicamente en su momento.

Hay un efecto que se hizo visible mucho después: desde la reforma federal del 16 de noviembre de 2023, el reglamento de la ley de juegos exige opinión favorable del estado o del municipio para otorgar un permiso nuevo. En Nuevo León esa opinión favorable no se puede emitir, porque choca con la prohibición constitucional del estado. En la práctica, obtener un permiso nuevo de casino en Nuevo León es jurídicamente inviable.

La paradoja: prohibido abrir, permitido seguir

La pregunta obvia es cómo puede haber decenas de salas funcionando en una ciudad donde la constitución local prohíbe el uso de suelo para casinos. La respuesta está en una línea del reglamento municipal de 2011: el Transitorio Tercero, que mantiene vigentes las licencias, permisos y autorizaciones expedidos antes de su entrada en vigor.

La prohibición opera sobre actos futuros —autorizar un uso, expedir una licencia— y no sobre lo ya autorizado. Por eso desde 2012 no ha abierto legalmente una sala nueva en el municipio y, al mismo tiempo, las que ya existían siguen operando con permisos federales vigentes. No localizamos un análisis jurídico publicado que examine a fondo esa tensión: lo que hay son los textos normativos, y de ellos se desprende esta lectura. El desarrollo completo está en el marco legal de los casinos en Monterrey.

Protección civil: lo que una sala está obligada a hacer desde 2012

Es la parte de la reforma que responde directamente a la causa de las 52 muertes: no al ataque, sino a la imposibilidad de salir. El Decreto 320, publicado el 2 de abril de 2012, añadió el artículo 27 BIS a la Ley de Protección Civil del estado.

• Unidades internas de respuesta propias en casinos, centros de apuestas, salas de sorteos y casas de juego.
• Simulacros de evacuación realizados con la asistencia de personal de la Dirección de Protección Civil y de la autoridad municipal. La regla general del artículo 27 es de al menos dos simulacros al año.
• Estos establecimientos figuran en el listado de inmuebles de alto riesgo del propio ordenamiento, junto con centros nocturnos, discotecas y salones de baile.
• El incumplimiento del 27 BIS es una infracción autónoma, incorporada como fracción V del artículo 86 por el mismo decreto.
• Las sanciones del artículo 87 van del apercibimiento al cierre temporal o definitivo, total o parcial, del establecimiento.

A eso se suma el control municipal: los artículos 201 y 202 del reglamento de zonificación de Monterrey permiten inspecciones aleatorias de protección civil y ecología después de otorgada la licencia, y la licencia puede revocarse por incumplir requisitos de protección civil.

Lo que no cambió y lo que no se debe atribuir a la tragedia

El decreto federal de 2023, además, no está firme en su aplicación: en 2026 hubo amparos de operadores y tribunales colegiados que declararon inconstitucional parte de la reforma; la Suprema Corte pospuso el asunto en julio de 2026 y el 27 de agosto de 2026 una empresa se desistió de su recurso, con lo que la Corte no llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto.

Lo que sigue pendiente

• No hay ley federal nueva. La de 1947 sigue siendo la norma marco, con un reglamento de 2004 reformado tres veces.
• La Recomendación 66/2012 se cerró por vía administrativa, y en 2025 las familias impugnaron ese cierre con la queja 1286/2025, señalando que la Segob nunca investigó el permiso del establecimiento.
• La permisionaria conserva registro. La razón social a nombre de la cual estaba el establecimiento sigue apareciendo en el padrón de permisionarias federales con el permiso 4117, un punto central del reclamo de las familias.
• La responsabilidad de funcionarios no se resolvió. En 2016 la Cámara de Diputados registró una proposición para investigar al entonces exalcalde de Monterrey; es una propuesta parlamentaria, no una imputación.

El estado de los procesos penales, con la diferencia entre sentencia dictada y sentencia firme, está en el expediente judicial; los hechos del 25 de agosto de 2011, en la página principal del apartado.