Caso Casino Royale: detenidos, sentencias y los 23 expedientes sin resolver

Por qué unos medios dicen «un condenado» y otros «dos»

En agosto de 2026, a los quince años del ataque, los titulares no coincidieron. El Financiero publicó que «solo hay una persona sentenciada»; López-Dóriga habló de «una sola condena»; Infobae contó dos sentencias firmes. Milenio, por su parte, había reportado que diez personas detenidas tenían sus sentencias suspendidas. Ninguno se equivocó: estaban midiendo cosas distintas.

Las sentencias que sí están publicadas

En qué situación están los 25 expedientes

El desglose que publicó Infobae en el aniversario de 2026 es el más detallado disponible y suma exactamente los 25 procesos del caso.

• 2 sentencias firmes. Son las dos de la tabla anterior.
• 11 sentencias apeladas. Hay resolución de primera instancia, pero está impugnada.
• 6 expedientes con reposición del procedimiento. El proceso se rehace desde una etapa anterior por defectos detectados.
• 4 expedientes en instrucción. Siguen en la fase de desahogo de pruebas, quince años después de los hechos.
• 2 expedientes cerrados por muerte de la persona procesada. El proceso penal se extingue con la muerte del imputado.

La suma da 23 expedientes sin resolución definitiva sobre 25. Es la cifra que las familias repiten cada agosto y el argumento central de sus reclamos ante instancias administrativas y de derechos humanos.

La secuencia de detenciones

Las primeras capturas fueron rápidas y las últimas, muy posteriores. Damos las fechas y el número de personas, no el listado de alias: la mayoría de esas personas sigue sin sentencia firme.

1. 29 de agosto de 2011: cinco detencionesCuatro días después del ataque se presentó a las primeras cinco personas detenidas, señaladas como participantes materiales.
2. 14 de octubre de 2011: un presunto mandoFue detenida una persona señalada como uno de los mandos que habrían ordenado el ataque.
3. 5 de enero de 2012 y meses siguientes: más capturasContinuaron las detenciones vinculadas al expediente; una de las personas señaladas fue asesinada en abril de 2012, antes de ser juzgada.
4. Marzo de 2015: un jefe regionalLa detención de un jefe regional de Los Zetas incorporó al expediente a un procesado señalado como responsable de mando.
5. Julio de 2022: una muerte en prisiónUna persona procesada se quitó la vida en su celda. Su expediente es uno de los dos cerrados por muerte.

Hay además una discrepancia de conteo que conviene conocer: Wikipedia enumera más de 27 personas detenidas con alias, mientras la fiscalía habla de 25 procesadas. No es contradicción: «detenido» y «procesado por este expediente» no son lo mismo, y varias detenciones se derivaron a otras causas.

La vía no penal: derechos humanos y responsabilidad de funcionarios

Junto al proceso penal corre una línea distinta, que no busca condenas de cárcel sino responsabilidad institucional. Es la que produjo los documentos más citables del caso.

• Recomendación 66/2012 de la CNDH, del 29 de noviembre de 2012. Acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad física y la vida de no menos de 63 víctimas identificadas, y se dirigió a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo, al gobernador de Nuevo León y al alcalde de Monterrey.
• Disculpa pública del Estado mexicano, 31 de agosto de 2022, en cumplimiento de esa recomendación. Para entonces se habían formalizado 26 acuerdos de reparación, la mitad de las 52 víctimas mortales.
• Proposición de la Cámara de Diputados, 10 de agosto de 2016, para investigar al entonces exalcalde de Monterrey. El documento está publicado en el sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación y es una propuesta parlamentaria, no una imputación penal.
• Queja 1286/2025, presentada por las familias ante un juzgado administrativo contra el cierre «por vía administrativa» de la Recomendación 66/2012. Sostienen que la Segob nunca investigó el permiso del establecimiento y que la permisionaria conserva su registro.

Ese último punto conecta con un dato societario verificable: la razón social a nombre de la cual estaba registrado el establecimiento, Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., sigue figurando en el padrón de permisionarias de la Segob con el permiso 4117. Cómo funciona ese padrón y por qué un permiso federal sobrevive a la clausura de un local se explica en el marco legal.

El caso Larrazábal: qué es y qué no es

En septiembre de 2011 se difundieron videos en los que Jonás Larrazábal, hermano del entonces alcalde de Monterrey, recibía dinero en efectivo. La grabación más citada está fechada el 19 de agosto de 2011, seis días antes del ataque, y el episodio es uno de los que más se mezclan con esta historia en buscadores y redes.

Qué no pudimos verificar

• El nombre y la pena de la tercera sentencia, dictada el 17 de agosto de 2026: no se publicaron.
• La firmeza de la sentencia de 32 años de 2023: las notas de la época informan la pena, no su estado procesal posterior.
• El número de expediente y el juzgado de la mayoría de los procesos: la información disponible es periodística y no consta en un boletín judicial abierto.
• La identidad de las personas condenadas a 15 años en 2025: las publicaciones las citan solo con nombre e inicial del apellido.

Quien necesite el detalle documental puede pedir las versiones públicas de las sentencias al Consejo de la Judicatura Federal por transparencia, consultar la Recomendación 66/2012 en el portal de la CNDH y buscar la proposición de 2016 en el sistema de información legislativa de la Segob. Los antecedentes del ataque están en qué pasó el 25 de agosto de 2011 y el estado del lugar, en dónde estaba y el memorial.